Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a pagar más de 6,1 millones de dólares a la firma del estratega político venezolano Juan José Rendón por un conflicto contractual. En abril de 2019, una jueza también ordenó su detención por desacato civil, después de que no compareciera ante el tribunal.
La disputa legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, popularmente llamado JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo profesional ligado a los proyectos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, la firma JJ Rendón & Associates Strategic Creativity promovió una demanda contra Roberto Arzú ante los tribunales del condado de Miami-Dade, Florida, argumentando un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial establecido entre ambas entidades.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
El vínculo entre el político y el asesor se fue desgastando conforme surgieron discrepancias en torno a las contraprestaciones económicas y los servicios acordados.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia al exigir la corte norteamericana la presencia de Arzú para cumplir trámites vinculados con el acatamiento del fallo.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la magistrada Barbara Areces, perteneciente al Undécimo Circuito Judicial de Florida, libró una orden de captura contra Roberto Arzú por incurrir en desacato civil, la cual podía hacerse efectiva en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución establecía que, en caso de ser detenido, debía ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.
También se contemplaba la posibilidad de que Arzú enmendara el desacato a través de su presentación a una comparecencia enfocada en viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sanción penal por la comisión de un ilícito.
El documento judicial fue difundido públicamente en abril de 2019, cuando Arzú se encontraba en plena campaña presidencial por la coalición PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón aseveró que había un acuerdo contractual de por medio y que Arzú no había cumplido con los pagos pactados.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En esas conversaciones, difundidas como parte de la documentación del litigio, ambos mantenían inicialmente una relación cordial.
Sin embargo, los mensajes mostraban un deterioro progresivo del vínculo comercial ante las dificultades para concretar los pagos reclamados.
Las comunicaciones también reflejaban que Arzú buscaba mantener la relación con el consultor mientras intentaba resolver los desacuerdos económicos.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La controversia protagonizada por Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia en el ámbito político al trascender a la opinión pública en plena contienda presidencial del año 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
Este episodio representa uno de los antecedentes judiciales internacionales más destacados en la trayectoria de Roberto Arzú, además de integrarse en la serie de disputas que marcaron su incursión en la contienda presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón