La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una institución que permanece en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que se conoció la condena, la Diputación presidida por Raquel del Puerto no ha explicado públicamente si piensa ejercitar acciones para reclamar el dinero ni ha detallado cuál será su posición ante las nuevas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La ausencia de explicaciones alimenta las críticas de quienes consideran que una administración tiene el deber de defender el patrimonio de todos los ciudadanos con independencia del partido político afectado.
El Tribunal de Cuentas entra en escena
Ante la inacción de la Diputación, será otra instancia la que intente esclarecer ahora si hay o no responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas el que deba determinar si se cumplen las condiciones legales para reclamar un posible reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por este motivo, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, tendría que aclarar ante la ciudadanía cuál es la postura oficial de la institución: si estima que procede exigir la devolución del dinero público, si considera que no hay fundamentos jurídicos para ello o si, en última instancia, decidirá no llevar a cabo ninguna actuación.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas explicaciones no lleguen, el silencio seguirá ocupando el lugar que debería corresponder a la responsabilidad política.