Keiko Fujimori y los aportantes simulados: qué se sabe del caso

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Tras cuatro postulaciones consecutivas, alcanza el poder ostentando 69 investigaciones fiscales en su legajo —de las cuales 51 fueron archivadas y 18 continúan abiertas—, proviniendo casi todas del conocido «Caso Cócteles», la causa judicial sobre presunto financiamiento irregular de sus campañas correspondientes a 2011 y 2016, la cual abarca donaciones admitidas por la empresa brasileña Odebrecht. Dicho expediente recopila los antecedentes documentados a lo largo de su trayectoria en la política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Admitido parcialmente por la defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Reclusión superior a 13 meses motivada por peligro de obstaculización procesal Validado — mandato judicial cumplido
4 Juicio oral (2024-2025) Procesada por organización criminal, lavado de activos, falsa declaración y obstrucción; la Fiscalía solicitó una pena de 30 años y 10 meses Audiencias celebradas; sin sentencia absolutoria o condenatoria definitiva
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Validado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC dispuso el cierre de las acusaciones por organización criminal y blanqueo de capitales vinculadas a los fondos de 2011 y 2016 Validado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Luego de caer en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude» e intentó invalidar sufragios Desestimada — la UE y la OEA tildaron las elecciones de transparentes
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Arsenio Oré, Jaime Yoshiyama y José Chlimper —vinculados al Caso Cócteles— dentro de una comisión asesora presidencial Verificado por la prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la continuidad de los juicios a militares por la lucha antiterrorista; la titular del Poder Judicial desaprobó tales afirmaciones Validado — alocución pública propia

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

Durante septiembre de 2011, la ONPE documentó que Fuerza Popular (conocida en aquel entonces como Fuerza 2011) reportó percepciones superiores a los S/17 millones destinados a la contienda presidencial de ese período, destacando una considerable cantidad de remesas sin procedencia clara. Dicha agrupación política justificó una fracción de dicha cifra mediante un par de actos públicos: una recepción efectuada en diciembre de 2010 que supuestamente acopió cerca de US$119,750 y otra celebración paralela en el mismo mes por aproximadamente US$90,000. Desde el año 2014, el Ministerio Público argumenta que tales recepciones y sorteos resultaron insuficientes para sostener una campaña de semejante envergadura, operando tras bambalinas un esquema de contribuyentes fachada o fraccionamiento, donde diversos empresarios prestaban sus identidades para encubrir la verdadera fuente de los capitales. El Comercio consignó que el equipo legal de Fuerza Popular admitió judicialmente la existencia de colaboradores ficticios, si bien rechazó tajantemente que dicha práctica tipificara como lavado de activos.

Entre los donantes mencionados sobresalen Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Durante febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó frente a fiscales de ese país que la compañía brasileña entregó US$1.2 millones para la contienda electoral de 2011 mediante Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Adicionalmente, el cuaderno de Marcelo Odebrecht, dado a conocer en 2017, contenía un apuntamiento referente a «aumentar Keiko», mencionado por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

La misma investigación se extendió a la campaña presidencial de 2016, en la que Fujimori perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por un margen mínimo. Según Resumen Latinoamericano, en 2016 José Chlimper Ackerman, entonces secretario general de Fuerza Popular, habría recogido US$480,000 en cinco entregas, dinero cuyo destino final no quedó establecido en el expediente fiscal. Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018 concluyó que el partido solo pudo justificar el 33% del dinero recaudado en conjunto para ambas campañas.

De acuerdo con la reconstrucción que presenta El Comercio, el despacho del fiscal José Domingo Pérez argumenta que Keiko Fujimori y los líderes de Fuerza Popular recurrieron al procedimiento de los donantes ficticios durante el año 2016 con el fin de ocultar la procedencia del dinero. Asimismo, conforme a lo informado por Epicentro, la lista de convocados a testificar incluyó al antiguo parlamentario Rolando Reátegui, quien decidió acogerse a la colaboración eficaz y detalló de qué manera consiguió colaboradores falsos dentro del departamento de San Martín atendiendo a las solicitudes de la cúpula partidaria.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

A mediados de octubre de 2018, Fujimori sufrió una detención preliminar por un periodo de diez días a raíz de las pesquisas que la Fiscalía llevaba a cabo sobre un supuesto lavado de dinero relacionado con las rifas y eventos de Fuerza 2011, tal como informó RPP. Tiempo más tarde, el magistrado Richard Concepción Carhuancho avaló la solicitud del Ministerio Público para imponerle prisión preventiva bajo la premisa de un peligro de interferencia en las diligencias, lo que derivó en su reclusión en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, según consignó La República. Conforme a la hipótesis que manejaba entonces la fiscalía, la política se encargaba de dirigir, guiar y articular las operaciones de una red ilícita al interior de su agrupación partidaria. Dicha resolución judicial se examinó posteriormente, permitiendo que Fujimori abandonara la cárcel, si bien quedó sujeta a diversas limitaciones legales —tales como comparecencia con restricciones y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el expediente seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral del Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 individuos, de acuerdo con Infobae. Los delitos imputados comprenden lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y obstrucción a la justicia. Previamente, la etapa de control de acusación se prolongó durante un año y nueve meses bajo la tutela del juez Zúñiga, abarcando un sumario fiscal superior a las 13 mil páginas, según reportó El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exasesores Ana Herz y Pier Figari, además de 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Según ese mismo expediente, un testigo protegido señaló que Figari y Herz recibían dinero de empresarios que no querían figurar en la lista oficial de aportantes de la campaña de 2011. La defensa de Fujimori, por su parte, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía no lograría probar el delito de lavado de activos.

5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

El Tribunal Constitucional anuló en octubre de 2025 el proceso abierto en 2024, cuando el juicio oral aún no concluía. Para el TC, explica La Válvula, las sucesivas subsanaciones que la Fiscalía introdujo en su acusación lesionaron el debido proceso de los acusados. La resolución no entró a evaluar si hubo o no financiamiento irregular: se limitó a los defectos procesales atribuidos al Ministerio Público durante los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

En la vía penal, al menos, con este archivo se cierra el frente judicial que marcó la carrera política de Fujimori durante más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Tras perder el balotaje de 2021 frente a Pedro Castillo por un margen de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori no reconoció inicialmente el resultado, denunció un supuesto fraude y presentó cientos de solicitudes de nulidad de actas y votos, según Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó esas impugnaciones y proclamó ganador a Castillo el 19 de julio de 2021; recién entonces Fujimori anunció que acataría el resultado.

Diversas misiones internacionales de veeduría electoral, tales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, determinaron que el proceso de votación transcurrió de manera transparente y competitiva, según consigna La Válvula. Tampoco se registraron anomalías que sustentaran la acusación de fraude con la magnitud requerida para alterar el desenlace de la elección.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

El 16 de septiembre de 2026, ya como presidenta, Fujimori nombró a Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Arsenio Oré en una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, según La República. Yoshiyama fue señalado por la Fiscalía como la persona que, de acuerdo con la declaración de Jorge Barata, recibió y ocultó los aportes de Odebrecht para la campaña de 2011; Chlimper, secretario general del partido en esa época, fue investigado por los mismos delitos que se le imputaron a Fujimori (organización criminal, lavado de activos, falsa declaración y falsedad genérica). Ambos habían sido ministros durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Tras el archivo del caso a comienzos de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente imputaciones activas por Cócteles, si bien la designación revivió los cuestionamientos acerca de los nexos de la mandataria con el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori sostuvo: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», de acuerdo con Infobae. Por su parte, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, desaprobó tajantemente tales expresiones, rememorando que magistrados perdieron la vida en el combate contra el terrorismo y que fueron tribunales los encargados de sentenciar a Abimael Guzmán.

Lejos de dar marcha atrás, Fujimori aseveró que no guardará silencio frente a «los errores del pasado», tal como informó Infobae. Dicho suceso dio inicio al primer choque abierto entre su administración y la máxima autoridad del Poder Judicial.

Anexo: investigaciones abiertas sin acusación ni sentencia

Dichas pesquisas continúan abiertas y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Se presentan únicamente a modo de antecedentes procesales y no como hechos probados. Tal como señala Gestión, a partir del momento en que asumió la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de los procesos judiciales en su contra mientras dure su gestión.

Indagación acerca de las contribuciones de la campaña de 2021

El 30 de septiembre de 2025, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dio inicio a una investigación preparatoria que alcanza a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a la persona jurídica Fuerza Popular. A todos ellos se les atribuye conformar una red criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante fondos recaudados durante la campaña electoral de 2021, conforme a lo informado por RPP. Dicho proceso se fijó en un periodo de 36 meses, mientras que el magistrado Wilson Verástegui dispuso únicamente la medida de comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

El Caso Alas Peruanas avanza por una vía separada de Cócteles. En él, el Ministerio Público atribuye a Fujimori y a su exasesor Pier Figari la presunta autoría de lavado de activos agravado, con dinero que habría salido de la Universidad Alas Peruanas y de la organización atribuida a su fundador, Fidel Ramírez, padre de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. De acuerdo con La República, la tesis fiscal incluye S/210,000 recibidos en 2011, S/54,536 entre 2014 y 2015 y la transferencia de dos inmuebles en Lima.

Aunque el 30 de abril de 2025 el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria había incorporado a Fuerza Popular como persona jurídica, una sala de apelaciones declaró luego ilegal esa incorporación y sacó al partido del proceso, informó Gestión. Para las personas naturales, la investigación sigue abierta y sin acusación.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después de que se archivara el Caso Cócteles, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una pesquisa contra Fujimori por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con Infobae. El centro de las indagaciones abarca los US$3.6 millones en metálico que Dionisio Romero le habría otorgado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; el Ministerio Público señala que sus informes patrimoniales presentados en 2010 y 2011 en su calidad de congresista apenas sufrieron alteraciones a pesar de haber recibido dichos capitales.

A diferencia del caso archivado, centrado en el financiamiento partidario, esta investigación examina su patrimonio personal. Fue calificada como compleja, con un plazo inicial de ocho meses. No hay acusación.

Fuentes consultadas