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Grupo Gloria y SOBOCE se encuentran en el centro de la atención debido a la supuesta intervención de Zapatero en Bolivia

La investigación sobre el caso Plus Ultra ha desatado un nuevo flanco con ramificaciones en Bolivia y Perú. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una presunta gestión ante autoridades bolivianas en beneficio del Grupo Gloria, el conglomerado peruano que controla la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.

Según la UDEF, Zapatero habría percibido 200.000 euros ligados a un contrato de asesoría que, según los investigadores, habría sido simulado. De acuerdo con el informe policial citado por diversos medios españoles, los pagos se habrían canalizado mediante Focus Social Research, una empresa peruana presentada oficialmente como contratista, aunque la Policía afirma que detrás de toda la operación se encontrarían los intereses del Grupo Gloria.

El eje del caso se sitúa en un litigio millonario en Bolivia. SOBOCE mantenía desde 2011 una disputa judicial con la Fábrica Nacional de Cemento, FANCESA, por competencia desleal. Tras años de recursos, la justicia boliviana ratificó una condena que obligaba a la cementera vinculada al Grupo Gloria a pagar 107 millones de dólares, una resolución que posteriormente quedó suspendida de forma provisional tras un recurso de amparo.

En ese contexto, la UDEF indica que Zapatero habría activado contactos con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, así como integrantes de su gabinete y responsables de las áreas económica y judicial. Según la reconstrucción policial, esas gestiones abarcaron encuentros, comunicaciones y un desplazamiento a Bolivia realizado en septiembre de 2024.

El informe señala además a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como una de las figuras que intervinieron en los primeros acercamientos, y menciona igualmente a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, por su participación en las gestiones previas a la firma del contrato. Entre los documentos revisados por los investigadores se encuentran mensajes, agendas y registros de transferencias bancarias.

La investigación sostiene que la secuencia entre las reuniones, las gestiones ante autoridades bolivianas, la suspensión de la condena contra SOBOCE y los pagos posteriores refuerza la hipótesis de una relación directa entre la supuesta intermediación y los intereses empresariales del Grupo Gloria. No obstante, el caso continúa en fase judicial y no existe una resolución firme que determine responsabilidades penales.

Fuente: Infobae — ABC