Ollanta Humala anuncia una demanda contra el Estado: el contexto

Ollanta Humala anuncia una demanda contra el Estado: el contexto

Ollanta Humala Tasso, quien gobernara Perú desde 2011 hasta 2016, figura como el tercer exmandatario peruano condenado a prisión en un lapso de casi veinte años a raíz de asuntos conectados con el escándalo de corrupción regional. A la condena por lavado de activos —la cual fue invalidada por el Tribunal Constitucional en julio de 2026— se aúna un proceso indagatorio reabierto por sucesos de distinta índole, acontecidos cuando se desempeñaba como oficial del Ejército en la década de los noventa. Dicho expediente agrupa exclusivamente hallazgos confirmados y vigentes.

Resumen de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011 Financiamiento ilícito desde Venezuela y de Odebrecht, simulado como aportes partidarios regulares Condena de 15 años (abril 2025) anulada por el TC en julio de 2026; ver hallazgo 5
2 Detención y reclusión en Barbadillo Detenido apenas leído el fallo y trasladado al penal para expresidentes Confirmado — hecho público
3 Prisión preventiva previa Estuvo detenido junto a Nadine Heredia entre 2017 y 2018 mientras avanzaba la investigación Confirmado — más de un año en prisión
4 Caso Madre Mía Investigado por homicidio calificado y desaparición forzada de al menos ocho personas en una base militar en los años 90 En investigación — formalizada en 2025, plazo hasta enero de 2027
5 Anulación de la condena por el TC (jul. 2026) El TC anuló el proceso por aportes de campaña al considerar que la conducta no estaba tipificada en 2006 y 2011; salió de Barbadillo el 31 de julio Confirmado — sentencia del TC (5 votos contra 2)
6 Levantamiento de Locumba (2000) Encabezó una rebelión militar contra el gobierno de Alberto Fujimori con unos 60 soldados; fue amnistiado por el Congreso Confirmado — hecho histórico; amnistía por Ley 27381

1. Condena por lavado de activos — aportes de campaña 2006 y 2011

Según La República, Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron el 15 de abril de 2025 una condena de 15 años de prisión efectiva como coautores de lavado de activos agravado, dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que presidía la jueza Nayko Coronado. Para el tribunal, el dinero que el Partido Nacionalista Peruano recibió para las campañas de 2006 y 2011 tuvo origen ilícito en Venezuela y en la constructora brasileña Odebrecht, y fue presentado como donaciones partidarias regulares a fin de ocultar de dónde venía.

Según Gob.pe, el tribunal escuchó a 220 testigos a lo largo del juicio, iniciado en 2022; de ellos, 57 declararon no haber realizado los aportes que el partido les atribuyó en la campaña de 2006, y para la de 2011 no se reconocieron S/4,329,370 en aportes similares. El fallo también condenó a 12 años a Ilán Heredia, hermano de Nadine, y a 8 años a Marco Julio Torres Aliaga, e impuso una reparación civil conjunta de S/10 millones, según Infobae. La defensa anunció que apelaría la sentencia, según Infobae.

2. Detención inmediata y reclusión en Barbadillo

Tal como relata La República, Humala quedó detenido en la propia sala de audiencias por agentes de la Policía Nacional en cuanto terminó la lectura del fallo; después lo llevaron al Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate y destinado en Lima a los expresidentes, de acuerdo con Infobae. Nadine Heredia, sobre quien pesaba una orden de captura pendiente, no asistió a la lectura; pocas horas más tarde pidió asilo político en la embajada de Brasil en Lima, acompañada de su hijo menor de edad, y esa misma noche el gobierno de Lula da Silva se lo otorgó, motivo por el cual sigue en Brasil.

Según AP/Spectrum News, en Barbadillo Humala comparte espacio con otros exmandatarios que igualmente están presos o afrontan procesos judiciales por corrupción, tales como Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

3. Prisión preventiva previa (2017-2018)

Antes de la condena, Humala y Heredia ya habían enfrentado prisión preventiva por el mismo caso: fueron detenidos en 2017 mientras avanzaba la investigación por el financiamiento de sus campañas, según Infobae. Según France24, Humala fue el primer expresidente peruano en estar tras las rejas por este esquema, mientras que Heredia permaneció detenida nueve meses en un centro distinto, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su liberación por considerar la medida «excesiva» mientras continuaba la investigación.

4. Caso Madre Mía

Este frente presenta una naturaleza distinta: no se trata de un episodio de corrupción, sino de supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados en la época en que Humala se desempeñaba como oficial del Ejército. El 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía formalizó una indagación preparatoria en contra de él y de otros cuatro exuniformados por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada en el destacamento militar de Madre Mía, situado en Huánuco, en el transcurso de 1992, de acuerdo con Infobae. Dicho proceso investigativo comprende los homicidios de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva, sumados a la desaparición forzada de por lo menos otras cuatro víctimas: Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yandel Leandro.

En 2009 el caso se archivó porque no había mérito para pasar a juicio oral. Su reapertura llegó con audios y testimonios que, como señaló El Comercio, apuntaban además a una presunta compra de testigos dentro del mismo proceso. El propio Humala ha admitido en público que en 1992 utilizó en esa base el alias «Capitán Carlos». El plazo de la investigación fue extendido por el Poder Judicial en julio de 2026 hasta enero de 2027, informó Gestión. A la fecha de este informe no se ha presentado una acusación formal ni hay un juicio en curso.

5. Anulación de la condena por el Tribunal Constitucional (julio 2026)

El 15 de julio de 2026, mediante una resolución dada a conocer el 30 de julio, el Tribunal Constitucional estimó un hábeas corpus, invalidó la causa penal completa que había derivado en la sentencia a 15 años por lavado de activos y ordenó archivar el caso, tal como informó Infobae. La mayoría de cinco magistrados determinó que se quebrantaron las garantías de legalidad y tipicidad, argumentando que captar fondos de origen ilícito para costear campañas se equipararía a receptación patrimonial, una figura incorporada en noviembre de 2016 que resultaba inaplicable a sucesos acaecidos en 2006 y 2011. Las juezas Pacheco Zerga y Monteagudo manifestaron su disconformidad con un voto en contra.

La salida de Humala del penal de Barbadillo se produjo el 31 de julio de 2026, como informaron El Peruano y La República. El 26 de agosto anunció una demanda contra el Estado con el fin de que este le pida disculpas, recogió Caretas. Igual que en el caso de Keiko Fujimori, el tribunal no resolvió si los aportes existieron o no: su decisión se limitó a la tipificación penal que correspondía en el momento de los hechos.

6. El levantamiento de Locumba (2000)

El 29 de octubre de 2000, cuando era teniente coronel del Ejército, Humala salió del cuartel de Locumba (Tacna) con unos 60 soldados, junto a su hermano Antauro, para exigir la renuncia de Alberto Fujimori; tomó como rehén al general Carlos Bardales y ocupó el campamento minero de Toquepala, según Wikipedia. La tropa fue desertando y los hermanos se rindieron semanas después.

El 21 de diciembre de 2000, con la aprobación de la Ley 27381 en el Congreso, quedaron amnistiados los militares y civiles que participaron en la asonada. Ese levantamiento se sitúa en el origen de la figura política de Humala y no ha dejado de ser objeto de controversia, tal como reseña El Comercio. Tiempo después, en 2005, su hermano Antauro encabezó el «Andahuaylazo».

Anexo: procesos abiertos sin sentencia

El procedimiento en cuestión sigue activo y todavía no cuenta con una sentencia. Se documenta meramente como parte del historial procesal, sin atribuirse como un hecho demostrado.

Caso Gasoducto Sur Peruano

El 5 de junio de 2025 el Equipo Especial Lava Jato formuló acusación contra Humala, Nadine Heredia y otras 20 personas a raíz de la concesión del Gasoducto Sur Peruano al consorcio que encabezaba Odebrecht, iniciativa valorada en más de US$7,000 millones, solicitando además una pena de 35 años de cárcel para el antiguo matrimonio presidencial por los delitos de organización criminal y colusión agravada, de acuerdo con Infobae. En la lista de procesados aparecen exministros como Luis Miguel Castilla junto a la compañía Enagás.

Con base en la Ley 32108, el 3 de julio de 2026 el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó el cargo de asociación ilícita, pero la acusación por colusión agravada siguió vigente, de acuerdo con Infobae. La Fiscalía recurrió esa resolución en apelación y ahora la decisión está en manos de la Tercera Sala de Apelaciones Nacional, según RPP. El caso no ha llegado a juicio oral y no cuenta con sentencia.

Fuentes consultadas